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La prensa tiene límites 

Si compras un producto con fecha caducada o en mal estado, lo que haces es devolver el producto y reclamar tu dinero. ¿Puedes hacer lo mismo cuando te dan un informativo de televisión lleno de mentiras, sin la contraparte, con imágenes que afectan la moral pública o convocan a la violencia? ¿Qué haces cuando te envenenan como lo hicieron algunos medios y periodistas en la ciudad de Sucre en noviembre pasado? ¿Puedes devolver el noticiero y reclamar tu tiempo y dinero? ¿A quién te quejas? ¿Quién te puede defender? ¿El Chapulín Colorado? ¿La Embajada de EE.UU.? Apaguen la tele o la radio o cambien de frecuencia no es la respuesta porque los medios trabajan con bienes públicos: la información y las frecuencias.
Algunos periodistas son como Superman, seres intrascendentes fuera de los micrófonos, cámaras o páginas de los diarios, como lo es Clark Kent cuando no es Superman. Pero, cuando se apoderan de los estudios de radio, sets de TV o tapas de periódicos se creen inmunes y todopoderosos como lo es Clark Kent cuando es Superman. Se erigen en representantes sociales y hablan en nombre de la gente como si hubieran sido elegidos en las urnas. Se escudan en las instituciones donde ocasionalmente trabajan para escribir y hablar en nombre de la empresa, como si ésta gozara de libertad de expresión, cuando ese derecho corresponde a una persona natural. Se creen tan poderosos que ignoran las leyes que garantizan el derecho a la información de los ciudadanos, pero son tan serviles que defienden con despreciable obsecuencia a sus patrones de turno.
Menos mal que son pocos los “periodistas-superman”, los más (como refleja el editorial de La Prensa del jueves 20 de marzo) están conscientes que se deben a la comunidad. Es triste escuchar o leer a propietarios de medios y periodistas que ignoran normas nacionales o internacionales que limitan la libertad de expresión y el derecho a la información. Una de esas normas (DS 09740), desenterrada recientemente por la Superintendencia de Telecomunicaciones, fue elevada a rango de Ley por el gobierno de Goni, que también incluyó en la Ley de Telecomunicaciones el espionaje telefónico violando el artículo 20 de la Constitución. Ni se habían enterado de este atropello inconstitucional, ahora que es ley se niegan a cumplirla, después de haber gastado tanta tinta y espacio en repetir el término legalidad. Habrá que juzgar a los parlamentarios del 95 que aprobaron esa norma y pedir su derogación.
Lo que no se puede hacer es despreciar las normas que velan el bienestar de la comunidad como es el Código Niño, Niña y Adolescente, que además del artículo 10 que prohíbe la identificación de menores involucrados en noticias, señala en su artículo 160 que “los gobiernos municipales reglamentarán las diversiones, espectáculos públicos y PROGRAMACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, analizando e informando sobre su naturaleza; grupos etáreos a los que van dirigidos y los horarios en que su presentación sea adecuada para niños, niñas y adolescentes”. ¿Van a desconocer también esta ley los periodistas y propietarios todopoderosos?
El artículo 162 de ese mismo cuerpo jurídico establece que “toda emisión de programas que atente contra la formación y salud mental del niño, niña o adolescente (…) sólo podrá ser emitida en horarios destinadas a adultos”. ¿Se animarán los gobiernos municipales a reglamentar a los dioses mediáticos? ¿Quién nos defenderá a los ciudadanos del totalitarismo mediático? Pues, finalmente, antes que periodistas somos personas. Y no hay libertad sin ley, así nomás es la democracia.

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